¿QUE ES EL PROYECTO PRISMA ?

Más inclusión, menos reincidencia

Cómo es y qué resultados tiene el Proyecto Prisma, un programa interministerial para presos que padecen trastornos mentales

 En las últimas semanas, envalentonados por el doble crimen de Cañuelas, desde algunos sectores se volvió a plantear como solución para quienes reincidan en un delito, buena parte del ideario de Juan Carlos Blumberg. Propuestas tales como la reducción de la libertad condicional, el aumento de la cantidad de años en las condenas, o la disminución de la edad de imputabilidad penal, recrearon un menú ya conocido con el que se pretende abarcar el problema de la seguridad con una sola herramienta: el código penal. Sin embargo, como contraposición, existen ideas que van en otro sentido y en donde a la cuestión penitenciaria se le incorporan dimensiones vinculadas con los derechos humanos y la inclusión social.

Prisma (Programa Interministerial de Salud Mental Argentino) es el nombre que eligieron desde las carteras de Justicia y de Salud de la Nación, para designar a un proyecto cuya finalidad central es “escucharlos a ellos, a quienes tienen trastornos mentales, que han cometido un delito y hoy están presos”, señala la licenciada Jessica Muniello, coordinadora del programa en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. “Concebimos al padecimiento mental como un fenómeno multideterminado que requiere resoluciones convergentes en los niveles psicológicos, biológicos, institucionales, familiares, sociales y jurídicos. Si bien nos focalizamos en estrategias que permitan elaborar el dolor y el sufrimiento, también se opera en los distintos ámbitos que inciden en dicho padecimiento”, agrega.
Según un estudio realizado por la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Nación en 2010 que coordina la licenciada Matilde Massa, uno de cada cinco adultos de la población del país, tiene algún tipo de padecimiento mental o adicción, algo que, según dicen los psiquiatras del Proyecto Prisma, se agudiza de manera exponencial en contextos de privación de la libertad.
La doble condena de estar preso en un complejo de máxima seguridad al mismo tiempo que se está recluso de una enfermedad mental, conforma un tobogán inevitable hacia la reincidencia si no se tiene una red de contención que apunte a la inclusión cuando se está afuera de los muros.

Para esto se creó el Prisma, para tratar a quienes padecen trastornos mentales, pero también para evitar el reingreso al sistema penitenciario. La Dra. Laura Lopresti, titular de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria y responsable del Programa desde el Ministerio de Justicia, apunta que “antes las cifras de reincidencia para personas con padecimientos mentales era del 90%: en lo que va del año sólo se registraron tres casos”.

Desde que empezó a implementarse el programa, en agosto de 2011, pasaron cerca de 160 pacientes y actualmente hay 55. La clave, dicen quienes están al frente del proyecto, fue el acondicionamiento de nuevas instalaciones en el complejo Penitenciario de Ezeiza, sustancialmente mejores respecto a las que había anteriormente en el Hospital Borda y en el Moyano. El día que se inauguró el Complejo Penitenciario de Güemes en Salta, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, se realizó en simultáneo la inauguración del Prisma por videoconferencia. Allí, la mandataria se refirió a una anécdota que le habían contado pocas horas antes, cuando se realizaba el traslado de las personas desde el Borda y el Moyano a Ezeiza. Según contó al momento del arribo de los internos a las nuevas instalaciones se comenzaron a escuchar gritos. Muchos funcionarios se asustaron y corrieron hacia el lugar de donde venían esos alaridos. Ya resignados ante lo que consideraban un fracaso de la mudanza observaron que en realidad, uno de los pacientes estaba desaforado ya que por primera vez en mucho tiempo tenía su colchón propio pero sobre todo estaba exultante porque tenía un cuarto para él solo.
La historia, al igual que muchas otras plasmadas en el documental que las propias personas privadas de la libertad realizaron ayudadas por los docentes del taller de cine, ilustra un punto de inflexión en el que empiezan a contar con herramientas que las empoderan para no volver a reincidir. Aunque el camino es largo.

Punto de partida. El trayecto de quienes están bajo la órbita del Proyecto Prisma consta de tres momentos - dispositivos, según lo denominan los médicos. El primer eslabón es la evaluación. Cuando una persona con padecimientos mentales ingresa en el ala Norte del Hospital Penitenciario Central es recibido por un equipo integrado por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social.

La mayoría de las personas privadas de la libertad evaluadas padecen psicosis, esquizofrenia, y eventualmente trastornos de la personalidad. En esta instancia se analiza el lugar de residencia originario de las para determinar si es adecuada su permanencia en el ámbito del área metropolitana. Poco después, el equipo interdisciplinario emite un informe sanitario único y recomienda o no su internación bajo el Programa Prisma.

En acción. El segundo paso es el dispositivo de tratamiento. Rápidamente se intenta que la persona participe de alguna actividad terapéutica como talleres de escritura, de plástica, de música, de literatura, de juegos, y de lectura de diarios. “Trabajamos todo lo que tiene que ver con los afectos, las emociones. Son pacientes que no han tenido la oportunidad de trabajar su historia personal y eso es clave para que puedan salir a la calle un poco más armados respecto a su autoestima”, advierte Muniello. Las actividades deportivas que se realizan buscan paliar algunos de los efectos de los tratamientos de farmacovigilancia como obesidad u otros problemas nutricionales.
Este segundo paso funciona en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Allí hay lugar para 60 pacientes, distribuidos en dormitorios individuales y ocho habitaciones grupales. “Están muy bien y se sienten cómodos. Incluso, nos damos cuenta fácil de que algunos hasta simulan un poco para quedarse allí”, cuenta uno de los profesionales consultados.

Casa de Medio Camino. Pero el punto más novedoso del Proyecto y que choca con el ideario Blumberg (que sostiene que quien estuvo en un penal seguramente caerá nuevamente preso por sus cualidades personales y no por los contextos sociales a los que regresa), es la tercera etapa del programa: el dispositivo de inclusión.
En Brasil 457, a media cuadra del Parque Lezama, funciona la casa Prisma. Un hostel de tres pisos alquilado por el Programa Interministerial donde quienes ya purgaron su condena reciben capacitaciones y se les hace un seguimiento de su revinculación familiar. “Nosotros no hablamos de reinserción, ya que no es que se los vuelve a insertar. Lo que hacemos es buscar que se los incluya, por eso nos referimos a inclusión. No es una cuestión menor, cada palabra tiene una connotación distinta”, afirma Jorge Biafore, asistente social e integrante del equipo multidisciplinario que trabaja allí junto a las psicólogas Lidia Calvillo, Iara Bianchi y Sandra Merlo y el médico psiquiatra y coordinador del dispositivo de evaluación, Germán Alberio. Acerca de los términos que utilizan, Alberio señala que “se trata de usuarios y no de pacientes, una palabra que se utilizaba en la vieja lógica de cómo se entendía la psiquiatría, donde una persona es pasiva y cuya voluntad no entra en juego al momento de aceptar un tratamiento. Para nosotros es un usuario, esto es, alguien que usa un servicio de salud, ya que hay una elección”.
Más allá de las palabras, este grupo de técnicos, son quienes empiezan a trabajar con la persona los primeros lazos con la comunidad, desde una perspectiva laboral, social y familiar. Sin embargo, muchas veces son las familias las que tienen reparos en recibir a los usuarios. “En la mayor parte de los casos de personas que estuvieron en un psiquiátrico, a los seis meses que ella ya no está en su hogar, la familia desmantela su cama y sus pertenencias. Realmente es muy dura la vuelta a casa y encontrar ese panorama. En esos momentos tenemos que estar nosotros”, apunta Biafore. Momentos y situaciones que desde la casa Prisma buscan trabajar en un diálogo permanente y ayudando a su autoestima dándoles capacitaciones para oficios. En el tercer piso está el taller. Allí elaboran productos tales como sahumerios, lámparas, portarretratos, entre otros, que los domingos venden en la Plaza Dorrego de San Telmo. “Es muy sano que empiecen a discutir por plata y cómo se la reparten. Ellos lo saben y les da alegría”, subraya Biafore. Una alegría que los aleja un poco de la posibilidad de reincidir.

Por 

Francisco Yofre

PERIÓDICO SEMANAL: MIRADAS AL SUR

MAS DEUDAS Y NEGOCIOS EXTRAÑOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Más deuda y negocios extraños en la ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño consiguió una expansión presupuestaria de 3.500 millones. Dudas sobre la multiplicación de costos ligados a la recolección de basura y la emisión de deuda. Sospechas sobre las bicisendas y el Metrobús

Mauricio Macri obtuvo raspando el respaldo de la Legislatura para ampliar en 3.468 millones de pesos el presupuesto de la Ciudad. Aunque incluso algunos bloques de la oposición entendieron la necesidad de modificar los números para que el Gobierno porteño pudiera afrontar aumentos salariales acordados en paritarias, hay otros ítems de la expansión que llaman la atención. El primero tiene que ver con nueva deuda contraída que los sucesores de Macri algún día deberán pagar. El segundo con una multiplicación llamativa de los gastos a cargo de la Jefatura de Gobierno y del jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta. En el primer caso se suman casi diez millones de pesos. Rodríguez Larreta pasa de los 760 millones de pesos previstos antes de la ampliación presupuestaria a 917 millones, una diferencia de 157 millones. Finalmente, cuando se trata de obras de infraestructura, sobre algunas pesan sospechas, como la ampliación del circuito de bicisendas y del Metrobús. En otros casos, las suspicacias tienen que ver con la multiplicación del negocio de la recolección de la basura y a posibles acuerdos entre Macri y Hugo Moyano.

Actualizado, el presupuesto de la Ciudad sobrepasa los 35 mil millones de pesos. Cerca de la mitad del nuevo monto incorporado tiene que ver con el pago de salarios. Para el legislador opositor (GEN) Martín Hourest, lo más llamativo tiene que ver con que “el verdadero gasto está en las renegociaciones de precios de los contratos por insumos. La tasa de reajuste es del 40 por ciento anual. La Ciudad compra a lo bobo y no ejerce poder de negociación. Los proveedores imponen los precios que son muy superiores y condicionan a la Ciudad”. En diálogo con Miradas al Sur, Hourest aclara que “lo más grave no son los 220 millones para pagar indemnizaciones a los trabajadores de recolección de basura” (N. de R: una negociación que según trascendió fue directa entre Moyano y el jefe de Gobierno). Para el legislador, lo importante son “los 418 millones que se destinan a recolección de basura, lo que implica una redeterminación de precios del 25%. Es un sector que lleva un aumento del 700% desde el inicio del contrato en 2005”.

Hourest está entre los opositores que más detenidamente estudiaron cómo evolucionaron los números de la recolección de basura. Según sus datos, cada vecino de la Ciudad paga por cabeza por recoger la basura dos veces más que los habitantes de la ciudad de Córdoba y más del triple de lo que se gasta en Santa Fe y Rosario. En entrevistas recientes publicadas en este medio, los intendentes de Berazategui y Lanús hablaron de las bondades que tiene, en términos de ahorro, gestionar la recolección de basura de otro modo. Por ejemplo: sin Covelia. Y aunque el padre de Mauricio Macri se dedicó a ese negocio, parece que su hijo aún no aprendió a ahorrar.

Ruido de camiones. El modo en que Macri viene actualizando los contratos de recolección llamó la atención de varios legisladores, pero a la vez ninguno brinda datos decisivos que permitan determinar hasta dónde se puede hablar de ineficacia, irregularidades o delitos. La indemnización de 220 millones arreglada con los camioneros es un punto repetido. Otro es la entrada a la ciudad de la empresa Covelia, eternamente vinculada, según medios y políticos opositores al kirchnerismo, con Camioneros. Su titular, Ricardo Despresbiteris, desmintió más de una vez esa relación. Lo que sí reconoció el año pasado es que Covelia –que maneja su negocio en 12 municipios del conurbano bonaerense– ya penetró suelo porteño alquilando sus camiones a otras firmas del rubro. Hay quienes suman sospechas sobre los posibles vínculos Macri-Moyano en otros quehaceres: la cesión del club Comunicaciones y las licitaciones de grúas y parquímetros, donde también pisan las ruedas de los camiones, con unos 800 trabajadores involucrados.

Pese al clima previo a la sesión en la que se amplió en cerca de un diez por ciento el presupuesto de la ciudad, no fue de estas cosas de lo que más se debatió. El oficialismo había advertido que sin esa ampliación iba a ser imposible pagar los aumentos salariales acordados. El argumento de algún modo caló. Incluso un legislador del Frente para la Victoria, Alejandro Amor, apoyó el pedido, sabiendo quizá que su voto no era decisivo para la victoria macrista, asentada en acuerdos con dos legisladores pertenecientes al espacio de Patricia Bullrich más un seguidor de Francisco de Narváez. Aunque el resto del bloque se abstuvo, Amor, según trascendió, explicó ante sus pares que no podía ir en contra de los intereses de su gremio de origen, Sutecba.
Inmediatamente después el legislador suscribió un comunicado unificado del bloque kirchnerista que planteó el repudio a “la metodología extorsiva utilizada por el PRO para conseguir aprobar una escandalosa ampliación presupuestaria”. “Con la excusa del aumento de la pauta salarial –dice el comunicado–, el PRO consiguió aprobar un endeudamiento escandaloso e injustificadas transferencias de recursos al sector privado, sin contemplar necesidades en áreas sensibles como Salud o Educación… Mientras se produce el cierre de la terapia intensiva pediátrica del Durand, el PRO nos obliga a endeudarnos para construir 50 kilómetros de bicisenda”.

Pedaleo oscuro. Con Mauricio Macri de visita en los Emiratos Árabes, el legislador PRO Cristian Ritondo explicó que la modificación presupuestaria “incorpora un incremento de las fuentes financieras por 390 millones de pesos bajo el concepto de endeudamiento público, monto que se encuentra destinado a la ejecución de distintas obras de infraestructura vial, como el Metrobús, el bicing, la señalización, los pasos bajo nivel, el Nodo Retiro y la peatonalización del microcentro”. El legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna recordó al respecto que “cada año el macrismo apela a ampliaciones presupuestarias, sin haber ejecutado el dinero previsto, y promueve la colocación de bonos que permanecen ociosos en el Banco Ciudad mientras se pagan por su valor elevadas tasas de interés”. Nenna insistió en que “entre los préstamos adquiridos en 2010 y 2012, el Gobierno porteño obtuvo 900 millones de pesos para realizar obras en la red de subterráneos pero ni siquiera cumplió con las promesas de campaña que hiciera Macri”.
Si la postura de un opositor a Macri es previsible, lo interesante es que los dos primeros destinos de los créditos de los que habla Ritondo, la ampliación del Metrobus y de los circuitos de bicisendas, fueron señalados por algunas turbiedades. Fue el diario La Nación el que llamó la atención sobre el punto. El diario publicó a fines de mayo pasado que ex funcionarios del área de transporte tanto del gobierno porteño como del nacional en la gestión de Juan Pablo Schiavi serían accionistas de las empresas beneficiadas: Ingeniería en Relevamientos Viables S.A. y American Traffic. Ambas se dedican a trabajos de consultoría y obras. Un párrafo del artículo publicado por el periodista Iván Ruiz dice que “el Metrobús, las ciclovías y los contracarriles, iniciativas emblemáticas del macrismo, son algunos de los proyectos en los que participaron” esos ex funcionarios, quienes también habrían tenido relación con el monitoreo de la tarjeta Sube. El aumento de gasto destinado a la extensión del Metrobús, las bicisendas y obras relacionadas, según las planillas oficiales, es de 140 millones de pesos.

Cabandié y el “acuerdo” con Moyano

Para el legislador porteño (FPV) Juan Cabandié, no se trata de versiones, pistas o interpretaciones posibles. “La aprobación de la partida presupuestaria se corresponde con un acuerdo entre Macri y Moyano”, asegura. Y dice: “Los 100 mil trabajadores de recolección, ex Manliba, tienen continuidad laboral y se les ha reconocido la antigüedad. Sin embargo, la Ciudad les va a destinar 220 millones de pesos en concepto de indemnización. Esta deuda debería ser asumida por la empresa de residuos y no por los habitantes de la Ciudad. A pesar de que cobran el canon más alto del país, vivimos en una ciudad cara, sucia y con un servicio malo”.
Según Cabandié, “los proyectos de obras para el Metrobús jamás pasaron por la Legislatura”. En cuanto al endeudamiento, “la metodología es la emisión de bonos, pero no dan los tiempos para colocarlos este año. Evidentemente, el Gobierno porteño está proyectando para el 2013. La prioridad para esta gestión pasa por cuestiones estéticas”.